El Gobierno obliga a Netflix y compañía a dar escaparate al cine europeo

La próxima vez que abras una plataforma en España, el cine europeo puede ser mucho más difícil de pasar por alto. Este martes el Gobierno aprobó un decreto que obliga a exhibir estos títulos, no solo a tenerlos.

¿Qué ha pasado?

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto a propuesta de los ministerios de Transformación Digital y de Cultura. Desarrolla el régimen de promoción de la obra europea y la diversidad lingüística de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

El objetivo es reforzar las producciones europeas en el mercado español, apoyar a las productoras independientes e impulsar la creación en castellano y en las lenguas cooficiales, como el catalán, el euskera o el gallego.

¿Qué cambia en tu pantalla?

La gran novedad es la «prominencia». Movistar Plus, Netflix, HBO Max o Prime Vídeo tendrán que garantizar que las obras europeas se vean bien: en la página principal, en secciones propias y fáciles de encontrar con buscadores y herramientas de navegación.

También podrán promocionarlas con campañas dentro de sus propios servicios. Ya no bastará con meter una película en el catálogo.

Todo esto se suma a las cuotas actuales. Los catálogos bajo demanda deben tener al menos un 30% de obras europeas, y la mitad como mínimo en castellano o en otra lengua oficial de las comunidades. La tele tradicional debe dedicar el 51% de su emisión anual a obras europeas, con un 10% para productores independientes.

¿Quién paga y cuánto?

El decreto también habla de dinero. El prestador público estatal debe destinar el 6% de sus ingresos computables anuales a producciones europeas. Los privados que facturan más de 50 millones de euros, el 5%. Entre 10 y 50 millones habrá requisitos adaptados, y por debajo de 10 millones quedan exentos.

El dinero puede ir a películas, películas para televisión, series, documentales y animación. Las inversiones en proyectos creados o dirigidos solo por mujeres tendrán un cómputo particular.

¿Y ahora qué?

La CNMC (el regulador de mercados y competencia) vigilará el cumplimiento. Los operadores deberán informar periódicamente de sus ingresos, la composición del catálogo, la programación, la prominencia de las obras europeas y sus inversiones.

Las obligaciones de financiación alcanzan también a algunos operadores de otros países de la UE que se dirijan al mercado español. El decreto llega tras la directiva audiovisual europea de 2018, que fijó la cuota del 30%, y la ley audiovisual española de 2022.